En el último trimestre de 2020 se ha acelerado la actividad parlamentaria en Argentina con diversos temas: aprobación del presupuesto nacional para el año 2021 (1), aprobación de diversas leyes vinculadas con lo económico (entre ellas catorce nuevos impuestos y el «Aporte solidario y extraordinario» para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos) (2),m los cambios en la ley de procuración (y la designación o no de Rafecas en el cargo de Procurador), el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.
Por otro lado hay un «giro ortodoxo» del gobierno en materia económica, que según esta nota de Sofia Diamante, en La Nación, consiste en:
1. Mayor ajuste fiscal
El ministro le adelantó la intención a los líderes empresariales en la reunión con la Asociación Empresaria Argentina (AEA): para 2021 se buscará que el déficit fiscal sea menor al 4,5% del PBI que presentó en el proyecto de presupuesto; las aspiraciones serían de 3,9%. Para el FMI, las metas fiscales siempre fueron primordiales –is mostly fiscal (es principalmente fiscal), como le dicen en la jerga financiera al Fondo por sus siglas en ingles, IMF-. Algunos analistas estiman que hasta podría exigir un déficit de 3% del producto, aunque la posibilidad de que haya una segunda ola de pico de contagios por el coronavirus en la Argentina haría poco probable esa meta. ¿Por qué esta variable es importante? Porque cuando los gastos del Estado superan a los ingresos, el Tesoro solo tiene tres alternativas a las cuales recurrir: endeudamiento (el mercado externo está cerrado para el sector público y el doméstico es muy chico para las necesidades del soberano), suba de ingresos (puede ser por mayor actividad, algo que es difícilmente predecible, o suba de impuestos, lo que es nocivo para el nivel de presión tributaria que ya tiene el país) o emisión monetaria (que impacta en la variación de precios).
2. Fin del IFE y el ATP
Guzmán fue terminante con la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y hasta defendió su postura en una entrevista con Gustavo Sylvestre en el prime time de C5N. «Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad», dijo el ministro, en referencia al «equilibrio fiscal». También se realizó un fuerte ajuste con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya que en noviembre se pagarán los sueldos de 500.000 empleados, mucho menor a los 1,2 millones que se cubrieron el mes pasado, según cálculos privados. El Gobierno justifica que, con la flexibilización de las restricciones a la actividad, ya no es necesario financiar a tantas empresas. Ambas reducciones de subsidios, sin embargo, están relacionadas con el primer punto: mostrar señales de una disminución del déficit fiscal.
3. Aumentan las tarifas
Ya no quedan dudas de la intención de Guzmán de establecerle un techo a los subsidiosa la energía y al transporte. Para ello, el único camino posible es aumentar las tarifas. Y los incrementos podrían hasta superar la inflación, si se toma en cuenta que el año próximo podrían subir los precios del gas licuado (GNL) que se importa (este año se derrumbó por el menor consumo por pandemia) y que la actualización de los precios del gasoil impactará en los costos del transporte. El interrogante es cuándo se harán dichas actualizaciones y si efectivamente el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner lo dejará, teniendo en cuenta que 2021 es un año electoral. Según las proyecciones del presupuesto, los subsidios a la energía representarán el 1,7% del PBI, mientras que el Transporte requerirá transferencias por el equivalente a 0,5% del producto. Esto significa un total de 2,3% del PBI.
No fue casual que el lunes pasado a las 22.10, horas antes de que llegue la misión del FMI, el Ministerio de Economía difunda la propuesta de Movilidad Previsional, que busca desindexar de manera directa la fórmula jubilatoria de la inflación, y reemplazar el método actual por un promedio entre la variación de los salarios y de la recaudación tributaria. Si bien la mayoría de las economías utiliza el índice de precios (IPC) como una de las variables para calcular la actualización de los haberes, en un país con niveles de 40% de inflación, es prácticamente imposible bajar el déficit fiscal y desacelerar la variación de precios al mismo tiempo, porque siempre se aplicarían incrementos reales en las jubilaciones, lo que no es sustentable desde la mirada fiscal. Estas obligaciones representan el 60% del gasto primario total del Estado.
5. Menos necesidades del Banco Central
Una de las primeras señales que mostró Guzmán al sector financiero fue que recurrirá menos a la emisión monetaria del Banco Central para cubrir los gastos y buscará más el financiamiento en el mercado doméstico. De hecho, el ministro ya anunció que no solicitará adelantos transitorios del BCRA hasta fin de año y se invertirán las proyecciones que envió al presupuesto de financiarse 60% con emisión monetaria y 40% con deuda. Para ello, hace dos semanas licitó bonos ajustados por la variación del tipo de cambio, que son los instrumentos que demandan los inversores por la creciente expectativa de devaluación. Esto le permitió cubrir los vencimientos que enfrenta este mes, a pesar de que la colocación de deuda de esta semana no estuvo a la altura de lo esperado por el Tesoro.
6. Búsqueda de consenso amplio
El Fondo ya había avisado: «Será muy importante generar un consenso amplio en la sociedad de la necesidad de estas medidas». Lo dijo hace menos de un mes Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien tuvo un rol importante en el diseño de los programas acordados con la administración de Mauricio Macri. Por eso Guzmán envió dos señales esta semana: presentó en el Congreso el proyecto para que los acuerdos futuros con el FMI deban ser aprobados por el poder legislativo y presenció en el Senado la sanción del presupuesto 2021.
7. Tranquilizar al mercado financiero
En las últimas semanas, el ministro intentó estabilizar el mercado cambiario luego de que las cotizaciones de los paralelos se dispararan, al punto de generar una brecha de 150% con el dólar blue y de 115% con el dólar CCL. En pos de este objetivo, el ministro le dio pie a la Anses y al Banco Central para operar con bonos de forma tal de restarle presión a los dólares CCL y MEP. Sin embargo, esta semana el dólar informal volvió a subir $16 y alertó al Tesoro. Ayer, el Banco Central anunció, minutos después de que saliera el dato de 3,8% de inflación, una suba de 34 a 37% de la tasa de interés mínima garantizada a los plazos fijos a 30 días, lo que supone una tasa efectiva del 44%, de forma tal de atraer pesos y desincentivar la compra de dólares.»
Tal vez esto se formalice en un plan, que contenga otros componentes desde un marco general de confianza, diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas y socioeconómicas hasta incentivos (como desgravaciones impositivas) para aquellos que inviertan y generen empleo (un tema «particular» es el incentivo para quienes tienen dólares fuera del sistema) y formalización de la economía. Habrá que ver si estas medidas se implementan y en qué grado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, si se cierra o no la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los «otros dólares», la situación socioeconómica y su evolución (a fines de año y principios del próximo) dado el impacto negativo de sacar el IFE y la ATP (aunque se incremente la ayuda alimentaria y otros programas sociales), cuando se irá aplicando la nueva vacuna contra el Covid-19, su efectividad e impacto en las actividades económicas, entre otros elementos a considerar. Temas «en desarrollo».
(1) El mensaje original de Poder Ejecutivo es este.
(2) Aprobado por la Cámara de Diputados y en curso de ser aprobado por la Cámara de Senadores. Si bien se considera justo que los que más tienen paguen más impuestos, en general y en particular en épocas de crisis, los «detalles» del mismo tienen muchos aspectos cuestionables y, si se judicializa (porque se superpone al impuesto de bienes personales) es probable que no se pueda implementar en la práctica.
