Categoría: Argentina

En la imagen de la entrada se muestra el lanzamiento, por parte del Presidente de la Nación, de una muy buena y demorada iniciativa como es el Consejo Económico y Social. En esta nota figuran sus integrantes y respecto de sus propósitos, Alberto Fernández los ha definido como sigue: «El Consejo Económico y Social es una iniciativa que ponemos en marcha identificando una demanda prioritaria de la comunidad en su conjunto: unirnos por la Argentina querida.

La pandemia nos ha puesto a prueba y nos ha permitido ver cómo entre todas y todos hemos podido encontrar caminos y soluciones compartidas ante la adversidad.

Es hora de dar un paso más: pensar y trabajar por hacer de nuestra Patria la casa común que deseamos. Debemos empezar por los últimos para llegar a todos. Nos unen valores y una visión de país que, más allá de matices e intereses sectoriales, tiene un amplio campo de metas comunes y acuerdos por potenciar.

Queremos una Argentina que cuide a sus hijas y sus hijos. Que les brinde alimentación, salud, educación y preparación para mejores empleos.

Que crezca de forma sostenida y sostenible, incremente su productividad y enfrente responsablemente los desafíos del cambio climático, la economía 4.0 y la equidad de género.

Que distribuya de forma equitativa y progresiva los beneficios del desarrollo, privilegiando a los más pobres y su derecho a la tierra, el techo y el trabajo.

Que integre todo su territorio y su diversidad, desde una perspectiva actualizada y multidimensional de la soberanía.

Que fortalezca su democracia, haciéndola más abierta, participativa y transparente, con acceso a la justicia y la seguridad para todas y todos.

El Consejo Económico y Social está al servicio del diálogo, el compromiso colectivo, el sentido ético y la solvencia técnica que requiere la construcción de esa Argentina desarrollada e inclusiva. Con los pies en el presente y los ojos en el futuro, juntos podemos construirla».

En el documento distribuido se plantea que «para la construcción colectiva de políticas de Estado en una experiencia inicial de 1000 días. Durante ese lapso ordena su trabajo en 5 Misiones claves para el desarrollo nacional que involucran transversalmente a diferentes áreas de gobierno y sectores sociales:

1. Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria.
2. Educación y Trabajos del Futuro.
3. Productividad con Cohesión Social.
4. Ecología Integral y Desarrollo Sustentable.
5. Democracia Innovadora.

Cada una de estas misiones aborda cinco temas claves, para alcanzar 25 metas estratégicas para el futuro argentino, vinculadas y sinérgicas a partir de una visión común de país. Su marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. A partir de las lecciones aprendidas en sus primeros 1000 días de trabajo y las iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de los diversos partidos, el CES acordará y elevará a consideración del PE un proyecto de ley para su organización definitiva», entre otras consideraciones.

Se considera que un tema clave será si las iniciativas y planes de corto plazo del gobierno (por tomar sólo un eje y a modo de ejemplo: «promover el crecimiento») van a estar articulados o van a estar disociados del mediano y largo plazo. El tiempo lo dirá, pero -sin duda- se espera que estén articulados. Ello nos permitirá ahorrar tiempo como país y no quedar sólo en buenos deseos y bellas palabras que luego no se concretan.

PD: Lamentablemente este anuncio fue opacado, hacia el final del día, por el denominado «vacunagate«.

En otra nota reflexionamos acerca de si el gobierno tiene o no un plan. El Ministro Guzmán manifestó que el plan del gobierno se iba a expresar en la ley de Presupuesto para el año 2021 aprobada en el Congreso. Ahora bien, en ese presupuesto el Poder Ejecutivo, por ejemplo, expresa pautas como que las tarifas de los servicios públicos deberán subir en el año un 29% (debemos tener en cuenta que la inflación esperada supera el 40%). Sin embargo en el Instituto Patria no quieren un aumento superior al 9% (seguramente influenciados por las elecciones de este año). Esto demuestra que dentro de la coalición de gobierno no hay acuerdos sobre un programa económico integral consistente y se considera que «la voluntad política todo lo puede» sin medir las graves consecuencias en un no tan mediano plazo.

De ser cierto lo anterior, el plan de gobierno, hasta ahora, parece ser el «vamos viendo» (1). Esto se refleja, por ejemplo, en la aplicación de un determinado enfoque de arbitraje por parte del Estado en el precio de los alimentos, sin preguntarse ¿por qué suben los alimentos en Argentina y no en otros países grandes exportadores (como Brasil, EEUU, etc.) cuando suben los precios internacionales? Si bien es «más fácil» aplicar retenciones a la exportación de los productos primarios, estos tienen baja incidencia en los precios finales de la cadena de valor en el mercado interno. Analizar la cadena con lleva ver el impacto de los impuestos (del orden del 30% o más, según el caso), del transporte y la logística, de los mayoristas, de los minoristas, de querer recuperar márgenes de ganancia afectados por la pandemia, entre otros muchos elementos.

Tampoco se está resolviendo la aguda escasez de dólares en las reservas del Banco Central (2) lo que ha dificultado la renegociación de la deuda de YPF, la posible provisión en gran escala de vacunas (como es el caso con una empresa china), la cancelación de la deuda con el Club París, la importación de insumos para una industria que se reactive, etc. Una posible solución es, transitoriamente, el desdoblamiento del mercado cambiario (una cotización comercial similar a la actual, y una libre para lo financiero-turístico), y luego ir convergiendo gradualmente a un mercado único. Esto permitiría que los privados que tienen dólares fuera del sistema los reingresen por el tipo de cambio financiero y también se incremente sustancialmente la inversión tanto extranjera como nacional. Si hay confianza de que se irá esa dirección y con un programa integral, seguramente ingresarán muchos dólares por el tipo de cambio financiero.

Si no hay una visión sistémica y un programa integral para abordar la cuestión socioeconómica no saldremos nunca de un pantano en el que nos vamos hundiendo cada vez más.

(1) Una actualización a mediados de abril de 2021 se puede ver en esta nota.

(2) Según algunos economistas las reservas líquidas disponibles, si le sacamos el oro, son negativas en mil millones de dólares. Hacia abril de 2021 han mejorado un poco.

El valor de la palabra, hace a la confianza que nos brindamos los seres humanos unos a otros. Es muy importante en general, y en particular de los que ejercen una función de liderazgo, como es el caso del Presidente de una Nación. Sabemos que esto no es fácil dado que muchas palabras de los políticos se dicen para ganar una elección y otras palabras para gobernar. Tal vez, el caso más arquetípico en Argentina -aunque no único- ha sido el de Carlos Menem que dijo, entre otras coas, «si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie».

En el caso del actual presidente Alberto Fernandez, y referida a esta temática, se han escrito entre otras notas esta o esta. Si queremos construir acuerdos sinceros y duraderos entre los argentinos debemos ser sinceros y veraces en nuestros diagnósticos y propuestas que vayan más allá de ganar la próxima elección (1). Sino no tendremos un buen destino y no resolveremos los graves problemas que tenemos, que hacen sufrir a tantos millones de personas.

(1) En este sentido va esta nota.

Los economistas, que se dedican a hacer pronósticos económicos, en la década de los sesenta del siglo pasado la «tenían fácil» porque era una economía internacional que venía creciendo sostenidamente («los dorados años sesenta»), pero con el primer y segundo shock petrolero de la década de los setenta (con cambios importantes, como la aparición de la OPEP), ya fue mucho más difícil «acertar» en los pronósticos por los cambios producidos. De ahí en más, la prudencia predominó y se empezaron a generar pronósticos de «escenarios»: más probable, pesimista y optimista, con distintos supuestos y variantes.

En el marco de lo anterior, en contextos como el de Argentina es mucho más difícil de pronosticar por los frecuentes cambios de política y la inestabilidad de las reglas del juego, las facciones en pugna dentro y fuera del gobierno, las variantes de la pandemia con la nueva cepa, nuevas olas y el acceso real a las vacunas disponibles (en particular el grado de masividad con la que se apliquen y el momento en que se haga), entre muchas otras cuestiones.

Con todas las salvedades expresadas parece probable el escenario económico argentino para 2021 -con sus variantes- explicitado en esta nota, donde jugará un rol relevante el aumento del precio de la soja. De su lectura se puede deducir que el tema de si hay acuerdo o no con el FMI es muy importante para precisar mejor el derrotero a corto plazo de la economía argentina. Se verá si las opiniones de CFK sobre que es aceptable o no, la opinión del Presidente, la del gobierno norteamericano… En fin, son todas cuestiones a tener en cuenta, en el marco de que aún no se vislumbra un programa de mediano y largo plazo, con un consenso amplio, que estimule el crecimiento y la disminución sostenida de la pobreza. Ello nos permitiría ir a un mejor escenario.

En este blog hemos presentado muchas notas acerca de la importancia del diálogo y de los acuerdos, no sólo en las relaciones humanas más cercanas sino también a nivel público (socioeconómico y político). Hace poco Alberto Vergara publicó esta nota con distintas consideraciones sobre diferentes contextos y posibilidades acerca de lo que él denomina «consensos competitivos».

Sin embargo hay muchas personas que prefieren -por distintos motivos- la confrontación al diálogo, tensar los conflictos en cambio de buscar acuerdos… y que, además sostienen, que esto es «natural», es lo que pasa en diferentes países y ello no tiene mayores consecuencias. Respecto de esta última argumentación podemos decir que países avanzados donde se ha venido produciendo esto (caso EEUU) tienen instituciones fuertes republicanas que han jugado de contrapeso para que no tenga mayores consecuencias económicas internas, además de la gran crispación y la exacerbación de conflictos raciales y con los migrantes (1). En el caso de países en vías de desarrollo, como Perú, que tiene una economía sólida y un Banco Central realmente autónomo, en el medio del cambio de varios Presidentes, ha conseguido préstamos internacionales a muy baja tasa. Del mismo modo se podría decir de países grandes, como la India, donde sus estados regionales son fuertes así como su enorme mercado interno. Ello posibilita que la economía no esté tan afectada como es el caso de la Argentina, donde el presidencialismo es muy fuerte, la grieta política es significativa y las sucesivas crisis económicas (sin un sendero claro de desarrollo, con fugas de divisas por falta de confianza y default de su deuda externa en varias oportunidades) nos han debilitado como país.

Estamos terminando el año 2020 e Ignacio Labaqui en esta nota señala que el Presidente está ante el dilema de evitar una devaluación con un ajuste fiscal (producto de la brecha entre el dólar oficial y paralelo, la pérdida de reservas y el financiamiento del déficit con emisión) o conservar el apoyo dentro de su coalición dados los efectos de la pandemia (y el agravamiento de la situación socioeconómica) y poder hacer frente exitosamente al desafío electoral del año próximo.

Entre otras cosas, en la nota se expresa que «el acuerdo con el FMI es condición necesaria para llegar a octubre sin turbulencias en el frente cambiario. El programa con el Fondo daría certeza y previsibilidad en materia fiscal. El problema es que alcanzar un acuerdo con el FMI requiere que el Gobierno se comprometa a realizar un ajuste fiscal más ambicioso que el incluido en el presupuesto de 2021. Esto genera tensiones en el oficialismo. En un concurso de impopularidad el ajuste y la devaluación compiten cabeza a cabeza. No casualmente, mientras la misión del FMI visitaba Buenos Aires, el bloque de senadores del FDT le envió una carta en durísimos términos. Casi en simultáneo, la CGT mostró su preocupación por el final del IFE, el ATP y por la reforma previsional debatida en el Congreso. Nada más inoportuno para la política que un ajuste fiscal en año electoral.

En el último trimestre de 2020 se ha acelerado la actividad parlamentaria en Argentina con diversos temas: aprobación del presupuesto nacional para el año 2021 (1), aprobación de diversas leyes vinculadas con lo económico (entre ellas catorce nuevos impuestos y el «Aporte solidario y extraordinario» para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos) (2),m los cambios en la ley de procuración (y la designación o no de Rafecas en el cargo de Procurador), el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.

Por otro lado hay un «giro ortodoxo» del gobierno en materia económica, que según esta nota de Sofia Diamante, en La Nación, consiste en:

1. Mayor ajuste fiscal

El ministro le adelantó la intención a los líderes empresariales en la reunión con la Asociación Empresaria Argentina (AEA): para 2021 se buscará que el déficit fiscal sea menor al 4,5% del PBI que presentó en el proyecto de presupuesto; las aspiraciones serían de 3,9%. Para el FMI, las metas fiscales siempre fueron primordiales –is mostly fiscal (es principalmente fiscal), como le dicen en la jerga financiera al Fondo por sus siglas en ingles, IMF-. Algunos analistas estiman que hasta podría exigir un déficit de 3% del producto, aunque la posibilidad de que haya una segunda ola de pico de contagios por el coronavirus en la Argentina haría poco probable esa meta. ¿Por qué esta variable es importante? Porque cuando los gastos del Estado superan a los ingresos, el Tesoro solo tiene tres alternativas a las cuales recurrir: endeudamiento (el mercado externo está cerrado para el sector público y el doméstico es muy chico para las necesidades del soberano), suba de ingresos (puede ser por mayor actividad, algo que es difícilmente predecible, o suba de impuestos, lo que es nocivo para el nivel de presión tributaria que ya tiene el país) o emisión monetaria (que impacta en la variación de precios).

2. Fin del IFE y el ATP

Guzmán fue terminante con la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y hasta defendió su postura en una entrevista con Gustavo Sylvestre en el prime time de C5N. «Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad», dijo el ministro, en referencia al «equilibrio fiscal». También se realizó un fuerte ajuste con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya que en noviembre se pagarán los sueldos de 500.000 empleados, mucho menor a los 1,2 millones que se cubrieron el mes pasado, según cálculos privados. El Gobierno justifica que, con la flexibilización de las restricciones a la actividad, ya no es necesario financiar a tantas empresas. Ambas reducciones de subsidios, sin embargo, están relacionadas con el primer punto: mostrar señales de una disminución del déficit fiscal.

3. Aumentan las tarifas

Ya no quedan dudas de la intención de Guzmán de establecerle un techo a los subsidiosa la energía y al transporte. Para ello, el único camino posible es aumentar las tarifas. Y los incrementos podrían hasta superar la inflación, si se toma en cuenta que el año próximo podrían subir los precios del gas licuado (GNL) que se importa (este año se derrumbó por el menor consumo por pandemia) y que la actualización de los precios del gasoil impactará en los costos del transporte. El interrogante es cuándo se harán dichas actualizaciones y si efectivamente el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner lo dejará, teniendo en cuenta que 2021 es un año electoral. Según las proyecciones del presupuesto, los subsidios a la energía representarán el 1,7% del PBI, mientras que el Transporte requerirá transferencias por el equivalente a 0,5% del producto. Esto significa un total de 2,3% del PBI.

4. Reforma previsional

No fue casual que el lunes pasado a las 22.10, horas antes de que llegue la misión del FMI, el Ministerio de Economía difunda la propuesta de Movilidad Previsional, que busca desindexar de manera directa la fórmula jubilatoria de la inflación, y reemplazar el método actual por un promedio entre la variación de los salarios y de la recaudación tributaria. Si bien la mayoría de las economías utiliza el índice de precios (IPC) como una de las variables para calcular la actualización de los haberes, en un país con niveles de 40% de inflación, es prácticamente imposible bajar el déficit fiscal y desacelerar la variación de precios al mismo tiempo, porque siempre se aplicarían incrementos reales en las jubilaciones, lo que no es sustentable desde la mirada fiscal. Estas obligaciones representan el 60% del gasto primario total del Estado.

5. Menos necesidades del Banco Central

Una de las primeras señales que mostró Guzmán al sector financiero fue que recurrirá menos a la emisión monetaria del Banco Central para cubrir los gastos y buscará más el financiamiento en el mercado doméstico. De hecho, el ministro ya anunció que no solicitará adelantos transitorios del BCRA hasta fin de año y se invertirán las proyecciones que envió al presupuesto de financiarse 60% con emisión monetaria y 40% con deuda. Para ello, hace dos semanas licitó bonos ajustados por la variación del tipo de cambio, que son los instrumentos que demandan los inversores por la creciente expectativa de devaluación. Esto le permitió cubrir los vencimientos que enfrenta este mes, a pesar de que la colocación de deuda de esta semana no estuvo a la altura de lo esperado por el Tesoro.

6. Búsqueda de consenso amplio

El Fondo ya había avisado: «Será muy importante generar un consenso amplio en la sociedad de la necesidad de estas medidas». Lo dijo hace menos de un mes Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien tuvo un rol importante en el diseño de los programas acordados con la administración de Mauricio Macri. Por eso Guzmán envió dos señales esta semana: presentó en el Congreso el proyecto para que los acuerdos futuros con el FMI deban ser aprobados por el poder legislativo y presenció en el Senado la sanción del presupuesto 2021.

7. Tranquilizar al mercado financiero

En las últimas semanas, el ministro intentó estabilizar el mercado cambiario luego de que las cotizaciones de los paralelos se dispararan, al punto de generar una brecha de 150% con el dólar blue y de 115% con el dólar CCL. En pos de este objetivo, el ministro le dio pie a la Anses y al Banco Central para operar con bonos de forma tal de restarle presión a los dólares CCL y MEP. Sin embargo, esta semana el dólar informal volvió a subir $16 y alertó al Tesoro. Ayer, el Banco Central anunció, minutos después de que saliera el dato de 3,8% de inflación, una suba de 34 a 37% de la tasa de interés mínima garantizada a los plazos fijos a 30 días, lo que supone una tasa efectiva del 44%, de forma tal de atraer pesos y desincentivar la compra de dólares.»

Tal vez esto se formalice en un plan, que contenga otros componentes desde un marco general de confianza, diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas y socioeconómicas hasta incentivos (como desgravaciones impositivas) para aquellos que inviertan y generen empleo (un tema «particular» es el incentivo para quienes tienen dólares fuera del sistema) y formalización de la economía. Habrá que ver si estas medidas se implementan y en qué grado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, si se cierra o no la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los «otros dólares», la situación socioeconómica y su evolución (a fines de año y principios del próximo) dado el impacto negativo de sacar el IFE y la ATP (aunque se incremente la ayuda alimentaria y otros programas sociales), cuando se irá aplicando la nueva vacuna contra el Covid-19, su efectividad e impacto en las actividades económicas, entre otros elementos a considerar. Temas «en desarrollo».

(1) El mensaje original de Poder Ejecutivo es este. 

(2) Aprobado por la Cámara de Diputados y en curso de ser aprobado por la Cámara de Senadores. Si bien se considera justo que los que más tienen paguen más impuestos, en general y en particular en épocas de crisis, los «detalles» del mismo tienen muchos aspectos cuestionables y, si se judicializa (porque se superpone al impuesto de bienes personales) es probable que no se pueda implementar en la práctica.