Hay una tradición que viene de proveer el sustento “con el sudor de tu rostro” (Génesis, 3-19) hasta la denominada «sociedad salarial». Esto último conlleva un desarrollo del derecho al trabajo y a un ingreso y condiciones dignas del mismo. También podemos afirmar que, más allá de cubrir una necesidad económica a través del trabajo, hay una necesidad psicológica de sentirnos útiles (incluido el ocio creativo como tipo de actividad), de crear, de servir (en el buen sentido del término) a otros, etc.
Referido a lo que mencionamos en último término, según una encuesta que realizó D’Alessio IROL, el 90% de los argentinos seguiría trabajando aunque se ganara la lotería y un 28% no cambiaría su trabajo actual incluso aunque tuviera millones en el banco. Algo similar sucede en otros países del mundo (con una mayoría que seguiría trabajando) tanto en respuesta a encuestas profesionales como realizadas por fuerzas políticas. Hay experiencias concretas, como la de Alaska, que van en esta dirección. De todos modos hay que tener en cuenta el caso de las personas que vienen desde largo tiempo sin tener trabajo y recibir un «plan» asistencial o subsidio. Por citar algunos ejemplos en Argentina se pueden mencionar a la ciudad de Concordia (ver al final de esta nota) o en la provincia de La Rioja, que evidencian empíricamente que recibir un ingreso estable por parte del Estado no los incentiva a aceptar un trabajo temporal (como el de «cosecheros»), ya sea por el miedo de perder ese ingreso o porque es más cómoda la «pasividad». Frente a esta situación parece mejor solución para las personas en edad activa desocupadas un seguro de desempleo (por ejemplo asociado a nuevas capacitaciones laborales) o la implementación de un «salario universal» (lo que conlleva «trabajar») como propone el Papa Francisco.
Volviendo a lo mencionado en el primer párrafo, hay otra tradición que está relacionada con disfrutar del ocio (del paraíso terrenal y de los ciudadanos libres de la Grecia Clásica) o tener un piso de sustento independientemente del trabajo (desde el maná del cielo para cruzar el desierto hasta la asignación de diez dinares propuesto por el suegro de Mahoma, Abu Bakr as-Siddik). Para ello hay que tener un «piso universal de sustento». Esto sería muy justo para las personas que no están en edad de trabajar (como menores), para los que tienen una imposibilidad (por razones de salud o de capacidades diferentes) o para adultos mayores, pero no sería no muy justo para personas que están en edad activa si este «derecho» de ingreso universal no fuera acompañado de la «obligación» de trabajar en actividades que requiera el mercado (como, por ejemplo, levantar cosechas) o de «no mercado» y socialmente útiles como las de cuidado de menores, personas mayores, con capacidades diferentes, comunitarias….como lo mencionado en el párrafo anterior por el Papa Francisco.
Un antecedente muy relevante fue desarrollado en Inglaterra con las «Poor Laws» como menciona esta nota. Al comienzo de ella se expresa que «el debate sobre las políticas de garantía de rentas es casi tan viejo como el capitalismo mismo. Aunque el origen de las conocidas como Poor Laws en Inglaterra datan de mediados del siglo XIV -un sustento para los campesinos diezmados por la Peste Negra- entre los siglos XIV y XIX el proceso de los cercamientos (“enclosures”) creó las condiciones necesarias para la desaparición de los derechos comunes sobre la propiedad de la tierra y la creación de los trabajadores agrarios dependientes de un salario. Con la desaparición de estos bienes comunes, la pobreza de los campesinos sin trabajo o con trabajo temporal emerge como un problema consustancialmente unido al desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Estas políticas de garantía de ingresos jugaron un papel clave en el hecho de que a principios del siglo XIX en Inglaterra, a diferencia del resto de Europa, apenas existieran “campesinos” -en el sentido medieval- y mayoritariamente tuviéramos una sociedad de “trabajadores agrícolas” libres y grandes terratenientes. El largo y complejo proceso de “formación” de una clase obrera separada de los medios de vida vinculados a la tierra y con la necesidad de vender su fuerza de trabajo, había necesitado de políticas de mantenimiento de renta tanto de población “desempleada” como de la población “pobre” que había surgido de ahí.
Estas políticas tuvieron su máximo apogeo en el llamado sistema Speenhemland (1795), un sistema de mantenimiento de rentas que combinada lo que hoy conocemos como rentas mínimas, desempleo y complementos salariales. Los perdedores del cambio tecnológico presionaron con revueltas violentas, como ha estudiado Eric Hobsbawm (1969), con las figuras ficticias del general Ludd o del capitán Swing después de la Guerras Napoleónicas. En el origen de estas revueltas encontramos, ente otras razones, el deterioro de estas políticas. Es imposible comprender el gran período de transición de un sistema feudal a un sistema capitalista en Inglaterra sin tener en cuenta el rol de las Poor Laws. Los economistas clásicos del siglo XIX, incluido Marx, tuvieron siempre una pésima opinión de sus efectos económicos, a caballo entre la mendicidad parroquial y el disciplinamiento de la fuerza laboral. Unas políticas con un largo periplo hasta su abolición en 1948 con la aprobación del National Assistance Act que daría paso al moderno Estado de Bienestar».
Existen otros motivos para un «piso universal de sustento». Eduardo Levy Yeyati menciona en una nota en el diario Perfil, entre otras cuestiones, antecedentes de Estados Unidos de América: “debemos crear empleo y debemos crear ingreso. El pueblo debe convertirse en consumidor de una manera o de otra. La solución a la pobreza es abolirla directamente mediante el ingreso garantizado,” escribía Martin Luther King en 1967. En 1968, año del asesinato de King, 1.200 economistas (incluyendo liberales como James Tobin o Paul Samuelson y conservadores como Milton Friedman) firmaron una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo el ingreso universal. Nixon respondió proponiendo el Plan de Asistencia Familiar, que sustituiría en una sola asignación universal los distintos programas sociales. El plan sucumbió a la resistencia de asistentes sociales temerosos de perder su trabajo, líderes sindicales temerosos de perder su influencia y trabajadores de clase media renuentes a subsidiar al desocupado con impuestos; en 1972, año electoral, Nixon cajoneó la idea. Pero no deja de llamar la atención que una iniciativa que hoy parecería emblemática de la heterodoxia populista fuera promovida hace apenas 45 años por el padre de la escuela de Chicago y estuviera a punto de ser aprobada por un gobierno conservador».
Desde el punto de vista del derecho, podríamos decir que el «derecho a la vida» es superior a un derecho específico como el «derecho al trabajo» y si el Estado y la economía no pueden generar trabajo, debe generarse un piso de subsistencia (en este caso a través de un ingreso, aunque hay estados que lo hacen otorgando comida).
Tal como se muestra en la imagen de la entrada en países de Europa se lo ha promocionado, con rechazos como el caso de Suiza y experiencias hasta ahora exitosas que se están desarrollando en ciudades de Holanda. También hay otros casos en curso, una evaluación que hace The Economist (reproducido por el diario La Nación) sobre la experiencia de Finlandia (país que ha decidido discontinuarla a fines de 2019) (1) y una red global que la promueve. Hacia noviembre de 2017 se está discutiendo una propuesta en España que no es universal porque está supeditada a la búsqueda de empleo. En la Argentina también se ha propuesto a través de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (ver también artículos de Rubén Lo Vuolo y otros). Una información actualizada de experiencias al 2019 se puede visualizar en esta nota.
La vigencia de este tema, más allá de cuestiones de enfoque o filosóficas, se presenta en la práctica debido -por un lado- fenómenos como la pandemia del coronavirus (2) (que pueden repetirse cíclicamente con otros virus) así como al impacto del cambio tecnológico (en general, y en particular en los países desarrollados) y -por otro lado- a la persistencia de situaciones de pobreza estructural difíciles de resolver (en especial en países en vías de desarrollo o pobres, pero que también fueron señaladas por Martin Luther King para su país en 1967). Esto produce una desconexión entre trabajo y salario al interior de los países, además de no resolver la brecha de riqueza entre países pobres y países ricos.
En otra nota de Levy Yeyati en el diario La Nación plantea una serie de complejidades y dilemas morales a resolver en esta temática. Seguramente la mayor complejidad para los países en vías de desarrollo o pobres es la cuestión fiscal que «no da» para hacer un ingreso universal (como puede ser el caso de los países «ricos»). Se podría hacer una prueba en Argentina, en alguna localidad con características similares a un país desarrollado (por ejemplo: ¿Rafaela?), pero -seguramente- no daría resultados muy diferentes a los experimentos en curso en dichos países o a las respuestas a la encuesta realizada por D’Alessio IROL.
Tal vez, lo más justo y prioritario en el caso argentino, sería perfeccionar experiencias como el «salario social complementario» de la economía popular, el seguro de desempleo, la asignación universal por hijo (AUH), y otros instrumentos que están en el Presupuesto Nacional y de jurisdicciones provinciales que permitan ir «cerrando la grieta socioeconómica». Dependiendo de los fondos disponibles -muy difícil en función de la situación argentina-, tal vez esto posibilite reducir sustancialmente (sino eliminar) la situación de indigencia. Esto nos permitirá ir convergiendo concretamente hacia un mundo mejor.
Queda pendiente un debate a escala «global» (dado que estos enfoques y experiencias son a escala nacional, y por ahora, rechazados a nivel continental y mundial), muy relacionados con los movimientos migratorios (en especial de Africa a Europa, pero no sólo), al debate sobre instrumentos como la tasa Tobin a los flujos financieros y, en definitiva, hasta donde llega la concreción de la justicia y la solidaridad humana.
(1) Es muy interesante esta evaluación.
(2) Ante los efectos dramáticos que produce la pandemia del coronavirus, lo que se está debatiendo y aplicando en muchos países son transferencias directas -por parte del Estado- a empresas sin actividad, a personas que realizan actividades independientes de la economía formal (hoy sin poder realizarlas), así como a personas y familias de la economía informal (en este caso no sólo de dinero sino también de alimentos). Por lo tanto queda pendiente un debate más de fondo y permanente como el que se intenta plantear en esta nota, y otras a considerar como esta.
PD: Agradezco la conversación mantenida con Eduardo Levy Yeyati y Pedro Del Piero sobre este tema y la reflexión que me aportara Jorge Remes Lenicov sobre la viabilidad fiscal y referencias académicas. Por otro lado en este sitio se puede bajar un libro con una gran cantidad de artículos vinculados a renta básica. Una actualización de este debate se puede ver en esta nota y en este video.