Las políticas públicas que generan erogaciones, inversiones o incentivos materiales en determinadas direcciones (sectores o regiones) tienen un costo o contra parte en dinero y ello se refleja en el presupuesto de un estado (a nivel nacional, provincial o municipal). Como ideal es bueno que estas políticas públicas sean eficaces (en cuanto a alcanzar el objetivo que se proponen) y eficientes (en cuanto a su mínimo costo para un determinado nivel de calidad de las mismas). Esto último descarta la posibilidad de que haya sobreprecios por corrupción, y por lo tanto la transparencia, libre acceso y competencia en su provisión, en el caso de que intervenga el sector privado en alguna parte de estas políticas.
Dado que el presupuesto se debate en el Congreso, o legislaturas a otros niveles, se supone que las políticas públicas se priorizan en un contexto de recursos limitados o escasos (en función de los recursos fiscales disponibles o financiables) y con fines múltiples posibles de ser asignados. Para ello las políticas públicas deben ser cuantificadas en lo que se refiere a su costo, y no solamente en cuanto a la población, sector o región destinataria.
En el caso del Congreso de Argentina la ley 27343, del 21/12/2016, crea la Oficina de Presupuesto del Congreso (abreviada OPC a los efectos de la ley que la crea) como un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación. En su artículo 2do, establece que son funciones, responsabilidades y facultades de la Oficina de Presupuesto del Congreso:
1. Analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto.
2. Apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el cumplimiento de sus objetivos.
3. Realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud de dichas comisiones.
4. Realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
5. Llevar a cabo análisis sobre los tributos vigentes así como del impacto y la eficacia de los proyectos de ley que propongan modificaciones y/o creación de tributos e impuestos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
6. Llevar a cabo estudios sobre las temáticas referidas a federalismo fiscal.
7. Efectuar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública, incluyendo análisis de la deuda registrada, de la deuda no registrada y de pasivos contingentes.
8. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la asignación de los recursos presupuestarios. Para ello se utilizarán las herramientas del Presupuesto Sensible al Género (PSG) al análisis de proyectos, a fin de determinar el presupuesto destinado a la eliminación de las desigualdades de género. Asimismo, se promoverá la evaluación presupuestaria, en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
9. Efectuar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 24.156«.
En esta página, entre otros, se pueden visualizar publicaciones y documentos de la OPC. Es importante que tanto los/as legisladores/as como las instituciones de investigación, ongs de políticas públicas, ámbitos académicos y ciudadanía, podamos visualizar cuando se propone o legisla sobre una política pública cuales son sus costos, posibles impactos y alternativas. Ello nos puede ayudar a objetivar el debate y alcanzar mejores decisiones en orden al bien común (1), en el marco de prioridades y consensos nacionales de políticas de estado.
También hay Oficina similares en otros países de América Latina así como en Estados Unidos de América.
PD: Se agradece a Luciano Gerardi por la edición de la imagen de entrada a esta nota.
(1) Es relevante la iniciativa de Nueva Zelanda de vincular el presupuesto al bienestar de la población.