Sabemos que, lamentablemente, en todas las economías (algunas muy poco otras mucho) hay componentes de economía criminal, donde juega un rol muy relevante el narcotráfico (nos hemos referido en esta nota).
Su abordaje tiene muchas facetas, y una de ellas es la recuperación de los bienes que se le decomisan a las organizaciones criminales. Italia tiene muy buenas experiencias.
En el caso de Argentina, en esta nota se expresa que: «expertos estiman que las pérdidas por dejar en desuso los bienes secuestrados del crimen ascienden a $ 100 mil millones. Un proyecto de ley plantea otorgar esos objetos incautados a la sociedad civil, mediante convocatorias abiertas, para que sean utilizados como una forma de reparación de daños. El antecedente italiano que marca el paso y los casos de éxito en nuestro país.
“Los activos que hoy tiene la Justicia argentina en sus manos están valuados, como mínimo, en más de 100 mil millones de pesos, afirma la presentación del proyecto de ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados que ingresó a la Cámara de Diputados el mes pasado. La propuesta plantea, esencialmente, un paso a paso para que los objetos secuestrados del crimen organizado se recuperen y sean utilizados por la sociedad civil. La idea surge guiada por la necesidad de modernizar la legislación vigente de bienes secuestrados, que tiene cincuenta años y que ha quedado obsoleta en las últimas décadas con las bandas transnacionales involucradas en delitos de todo tipo, como la venta de drogas, la trata de personas o el terrorismo: un universo mucho más complejo del que se veía en ese entonces.
El proyecto contó con el apoyo de más de cincuenta organizaciones sociales de todo tipo, desde religiosas hasta de trabajadores, y está financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina, e implementado por Libera (Italia), el Círculo Giuridico di Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Fundación Multipolar. “Actualmente, los bienes van a parar a depósitos en distintas partes del país y, en la mayoría de los casos de autos, barcos o aviones, se quedan allí hasta que haya sentencia. Si la resolución es absolutoria, el bien, a ese punto, suele estar destruido y, muchas veces, las personas que fueron sometidas al proceso judicial lo agarran como está o le inician un juicio al Estado. Si hay una sentencia condenatoria, los bienes se deberían vender o darle un uso, pero siempre pierden valor, porque están abandonados. En pocos casos, los autos los usan las fuerzas de seguridad”, cuenta Lucas Manjón, representante de la asociación italiana Libera, que inspira el proyecto en Argentina, y que en el país europeo tiene tres décadas de trabajo contra las mafias y en la distribución de los bienes secuestrados de dichas agrupaciones.
La ley vigente en Argentina, 20.785, Bienes Objeto de Secuestro en Causas Penales. Custodia y Disposición, que rige desde 1974, indica que “transcurridos seis meses desde el día del secuestro se dispondrá su venta en pública subasta”. Sin embargo, Manjón explica que en la práctica esto no ocurre. “Por varios motivos. Primero porque esos bienes que planteaba la ley eran totalmente diferentes a los de ahora; en ese momento se secuestraban motos, bicicletas, máquinas de escribir, vajilla, y no se planteaba el secuestro de bienes como casas, empresas o títulos. Y segundo, si se quisiera hacer, no hay un cuerpo de tasadores lo suficientemente grande como para poder llevarlo a cabo”, explica el referente.
La ley establece que en el caso del secuestro de drogas “el juzgado determinará la repartición u organismo del Estado nacional a que serán entregados”. “Los estupefacientes se destruyen bajo ciertos procedimientos; en su gran mayoría se queman. En algunas excepciones, pocas cantidades se entregan a organismos –generalmente sanitarios– que realizan investigaciones para comprender qué componentes tienen las drogas”, explica Manjón. Y si se trata de armas de fuego o explosivos, la ley indica que se deberán entregar al “Comando de Arsenales del Ejército (que hoy se llama Dirección de Arsenales) o a la unidad militar más cercana”.
El proyecto que inspiró la reutilización social de objetos decomisados de la delincuencia data de 1996, en Italia. “La Agencia Nacional italiana para la administración de los bienes secuestrados de la criminalidad organizada se encargó de más de 24.500 bienes inmuebles que antes pertenecían a los grupos mafiosos, que equivalen a más de 40 mil millones de euros recuperados”, cuenta Manjón sobre este país históricamente afectado por las mafias.
La letra chica. “A las organizaciones criminales se logra hacerlas quebrar económicamente quitándoles el control de los bienes. Realizamos junto a profesionales económicos informes para intentar comprender el costo y las pérdidas que el Estado tiene frente a la situación de no contar con un sistema que administre este aspecto de la delincuencia. El proyecto pretende hacer una reparación a las víctimas directas de esas organizaciones y también a las víctimas indirectas, que es la sociedad en su conjunto”, precisa Manjón.
Como en el caso italiano, la ley crearía la Agencia Federal de Bienes Cautelados y Recuperados, que tendría entre sus funciones la custodia, administración y asignación de los bienes secuestrados. El organismo contaría con un Consejo Federal y el destino de los objetos se elegiría en función de las propuestas presentadas, tanto por agencias estatales como por organizaciones sociales. Las propuestas se podrían presentar a través de la plataforma web de la agencia, en la que se comunicará la idea seleccionada. Las convocatorias para la asignación de los bienes serían abiertas y públicas.
Casos de éxito en el país. Hay pocas asociaciones que recibieron bienes recuperados del crimen, pero por más que sean pocas, no significa que no les hayan podido sacar mucho provecho. Justamente, muestran lo valiosa que sería la redistribución de los bienes que hoy se empolvan en el olvido. Hay un centro de primera infancia en un lugar donde se vendía droga, un vehículo que fue otorgado a una organización que se dedica a la reinserción socioeconómica de personas que salieron de la cárcel, se entregaron telas recuperadas del contrabando a cooperativas que trabajan con jóvenes que se están recuperando de adicciones, o una casa que se usaba para la trata y ahora es una fundación de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia de género.
El último ejemplo mencionado refiere a Casita Azul, de Mar del Plata: un exprostíbulo que funcionó durante más de veinte años. “Era todo un emblema, tanto por la concurrencia de locales como de turistas. Lugares que estaban abiertos y naturalizados en la sociedad”, dice Belén Cano, miembro de Casita Azul y secretaria de la asociación civil Mesa contra la Trata Mar del Plata. La institución estuvo involucrada en un juicio por trata de personas en el que fueron condenadas varias personas por el delito de explotación sexual a mujeres. “La mayoría de las víctimas son extranjeras, así como la mayoría de las mujeres que se encontraban en los prostíbulos de Mar del Plata en ese momento”, amplía Cano. La iniciativa de la reconstrucción de Casita Azul fue transformarla en el Centro Marplatense de Memoria y Lucha contra la Trata.
“Al momento del juicio se expropió el inmueble. En 2014 tuvimos que ir sorteando distintas situaciones más bien burocráticas hasta que la casa finalmente quedó en nuestras manos y en las del municipio. Ahora estamos en el trabajo de reconstruir esta casa, que estuvo cerrada desde el año 2011 y que sufrió incendios y luego fue ocupada por gente sin vivienda, lo que la llevó a un deterioro importante. La idea del centro también es dar a conocer lo que sucedía en este lugar y en Mar del Plata”, afirma Cano.
Otro caso es el de la Cooperativa de Trabajo San Cayetano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicada al rubro textil. La cooperativa, que lleva el nombre del patrono del pan y del trabajo, brinda salida laboral y capacitación, tanto a jóvenes como a personas adultas que ya hicieron su camino en la recuperación en las adicciones, pero se enfrentan a graves dificultades en la reinserción laboral. “La Cooperativa San Cayetano se inicia dentro del Hogar de Cristo San Cayetano de Liniers. Los hogares reciben chicos y chicas en situaciones de calle, en su mayoría con adicciones, y se los acompaña en su proceso de recuperación. Empezamos a notar que era muy difícil la etapa del después del proceso de desintoxicación”, cuenta Rosario Anchorena, presidenta de la Cooperativa San Cayetano. El grupo recibió telas que previamente habían sido decomisadas del contrabando y que los ayudó a ampliar sus actividades. “Nos dieron un montón de material y con eso armamos un localcito. Nos ayudó a montar, coser y tener la materia prima para fabricar prendas. Otra cosa que hicimos con las telas fue acompañar un proyecto en el norte, en Salta, que también tiene un taller textil, para que puedan impulsar las primeras ventas y que practiquen”, cuenta Anchorena.
“Hoy somos alrededor de sesenta personas y la idea es ser cada vez más. Algo que me parece importante destacar es que esto no solo es un trabajo, sino que es una familia. Muchas de las personas que están dentro han perdido a sus seres queridos, así que armamos esta gran familia en la que nos acompañamos como hermanos. Siempre estamos ahí, firmes. Muchas veces nos preguntan si la gente sale adelante, si es posible salir de las drogas. Y en nuestro caso podemos decir que sí”, apuesta la ejecutiva de la Cooperativa San Cayetano.
Y luego está la Fundación Tercer Tiempo, que trabaja con personas que están próximas a cumplir condena y salir de una unidad penitenciaria. “Hace ocho años que trabajamos en todas las cárceles de la provincia de Santa Fe, en Rosario, Piñero, Pérez, con personas que se denominan de ‘alto perfil’. Las acompañamos en su situación, les damos apoyo profesional y las guiamos en la reconstrucción de su núcleo familiar y de la vida común, con cosas tan mundanas como generar un monotributo”, cuenta Fernando Benítez, miembro de la fundación.
“Recibimos un vehículo que usamos para la distribución de la mercadería que realizan nuestras dos cooperativas, una de alimentos y otra textil, que están íntegramente conformadas por personas que han obtenido la libertad, que han salido del encierro y que hoy están incorporadas a la sociedad. Hay otra cooperativa en desarrollo vinculada al reciclado de plástico”, adelanta Benítez.»
Es muy importante el rol de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta perspectiva, como es el caso de esta (de la que se ha tomado la imagen de la entrada). Este tipo de iniciativas nos alejan de la economía criminal y nos llevan a un mundo mejor
