La temática de las muertes por aborto, tienen distintas dimensiones. Entre ellas, por un lado está la mortalidad materna relacionada con el aborto, en general por una mala práctica médica (en especial las realizadas de manera clandestina o por personal no idóneo). Por otro lado está la discontinuidad o terminación de la vida de quienes están en gestación, y ahí se centra una parte muy importante del debate acerca de si hay diferencia entre vida y persona (este último concepto está vinculado a la filosofía y al derecho) y ¿en qué consiste? (o ¿desde qué momento se es persona?: si desde la concepción o desde determinada semana de la gestación). En general hay coincidencia de que hay vida desde la concepción, pero no sobre el momento en que se es persona.

Respecto de la mortalidad materna relacionada con el aborto, las leyes que despenalizan el aborto (tanto para la mujer como para el profesional que lo realiza, lo que lo convierte en «legal») permiten realizar la interrupción del embarazo en condiciones médicas apropiadas reduciendo drásticamente las muertes de mujeres por esta causa. Sin entrar en el debate vinculado con las creencias relacionadas con las religiones, la moral o la ética de este enfoque, queda entonces la segunda cuestión que mencionamos en el párrafo anterior, y cuales son las medidas para prevenirlas. Entre ellas están:

• una adecuada educación sexual (muy deficitaria en el caso argentino) y la utilización de métodos anticonceptivos,
• un especial énfasis en prevenir el embarazo adolescente que abordáramos en esta nota,
• la facilitación de la adopción, ya sea simplificando la normativa como dando un adecuado acompañamiento y asistencia a las mujeres que están en un proceso de discernimiento sobre abortar o no,

entre otros.

Quisiéramos hacer una breve reflexión sobre el último punto. En una nota del diario El Cronista se menciona una encuesta realizada por D´Alessio IROL, en febrero 2018, con 1050 casos, donde una mayoría se pronunció por la despenalización del aborto, pero un 60% consideró una «opción superadora que se legisle sobre la adopción del niño por nacer y que -en lugar de abortar- la mujer acepte que en el momento del nacimiento se encuentren ya los padres adoptivos y el Estado le brinde un subsidio y atención médica hasta el parto». Si bien esta posibilidad no se contempló en el proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados de Argentina (y que luego fuera rechazado por el Senado en agosto de 2018), se considera que puede ser una iniciativa válida a considerar (en esa línea se puede ver esta opinión).

Lo anterior conllevaría a que entidades como Unidad Provida pudieran pasar del rechazo a cualquier iniciativa de legalización del aborto a involucrarse activamente en actividades de acción concreta en línea con lo señalado en los párrafos de más arriba. De hecho hay organizaciones dentro de este colectivo que ya tienen acciones concretas, pero además hay otras como la promovida por los curas villeros y el caso del Equipo San José Asistencial y de Adopción (*), con mucho camino muy valioso recorrido.

En cuanto a la Argentina en el caso de la Iglesia Católica o de Iglesias Evangélicas nucleadas en ACIERA, tienen por delante un gran desafío en implementar muchas más acciones concretas -solas o juntas desde una perspectiva ecuménica- en la pastoral de la salud. Ello podría plasmarse, por ejemplo, en una articulación con las políticas sanitarias y sociales del estado, donde las mujeres embarazadas sepan cuales son los derechos que las asisten. En el caso de las mujeres pobres que puedan conocer las ayudas que les proporciona el estado durante el proceso de gestación y a posteriori.

En función de lo anterior podrían existir stands en hospitales y maternidades (**) -atendidos de manera complementaria por distintos cultos- que brinden información sobre posibilidades de adopción y acompañamiento a mujeres embarazadas (preferentemente acompañadas por sus parejas) que así lo deseen. Esto sería un cambio muy relevante pasando de cuestionar o condenar determinados enfoques o comportamientos alejados de un «deber ser» a encontrar caminos para evitar los abortos ilegales, con los riesgos de muerte asociados.

PD: este tema ha sido abordado desde otra perspectiva en esta nota.

(*) quien escribe este texto está profundamente agradecido a esta institución. 

(**) por ejemplo, en convenio con las autoridades sanitarias pertinentes así como con las Defensorias y Juzgados de Menores que deben necesariamente intervenir en los casos donde se plantean posibilidades de adopción. Ello debería tener procedimientos acordados (preferentemente protocolizados) claros y transparentes, sin incurrir en presiones o ilícitos (como mercantilizar el acuerdo).