A partir del discurso de asunción de Alberto Fernandez, en el Congreso como Presidente de la República (que fuera destacado en notas como esta o en cuestiones como esta), se fue completando el equipo de gobierno (1).

Así mismo se comenzaron a implementar distintas medidas como el nuevo protocolo de aborto no punible, la doble indemnización por 180 días, el incremento de las retenciones a los productos del campo (y las reacciones de grupos de productores), aumento de la AUH y reducción de la tasa de los créditos del ANSES, sobre formación de cooperativas, rebaja de medicamentos, la suspensión del  consenso fiscal, … donde algunas de ellas -y muchos otros temas más- están incluidas en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (se quitó el artículo 85 y se le hicieron otras modificaciones para el dictamen final). Finalmente fue aprobado el 21/12/19 y estos son sus principales impactos.

Más allá de los comentarios que se puedan hacer sobre cada una de las medidas, un tema relevante a seguir -en la práctica- es lo que busca la ley aprobada referida a la consistencia entre:

• el corto plazo y el mediano y largo plazo: reactivar el consumo (en particular de los sectores de más bajos ingresos y reducir el peso de las tarifas de los servicios públicos) y por otro lado lograr que haya inversiones que le den sostenibilidad al programa (ver -por ejemplo- el caso de las tarifas de la energía, y la cuestión específica de Vaca Muerta). En el debate hay quienes señalaron el sesgo fiscal de corto plazo y la falta de incentivos para medidas de largo plazo que estimulen un desarrollo sustentable (la respuesta del Gobierno es que primero hay que calmar la economía frente a la gravedad de la situación),
• las medidas sectoriales y la macroeconomía: por ejemplo en cuanto a tipo de cambio, reducción de la inflación, equilibrio fiscal y re-negociación de la deuda, así como los consensos a lograr,
• la suma de la presión fiscal de la Nación, las Provincias y los Municipios y la posibilidad de pago de sectores de la clase media donde su actividad económica no lo hiciera viable, con el peligro de que las inversiones vayan a países limítrofes,
• los principios que el gobierno tiene respecto de la política exterior (asilo de Evo Morales, tema Venezuela…) y los límites que plantea el gobierno de Donald Trump (y su relevancia en la negociación con el FMI),
• los cambios que se buscan para ser más equitativos y la cuestión de la institucionalidad de la República,

por citar sólo alguno de ellos (2).

De una resolución virtuosa de estos temas de consistencia y viabilidad (3), dependerá el éxito del programa de Alberto Fernandez. Ojalá que tengan una buena resolución y nos conduzca a una Argentina mejor.

Para finalizar una actualización de esta nota, se coloca el link del discurso presidencial del 1/03/20, con la apertura de las sesiones ordinarias.

(1) En algunos casos como este se cuestionó la profesionalización, y en otros -vinculado a la Provincia de Buenos Aires- la injerencia del poder ejecutivo provincial en lo judicial al determinar -por decreto- que es «lawfare» en el caso de la designación de dos funcionarios.

(2) Un tema aparte es el cuestionamiento de la oposición sobre la gran delegación de poderes al Poder Ejecutivo.

(3) Al momento de escribir esta nota no queda claro cuales son los límites en el tema de la presión impositiva (en especial el impacto de las retenciones en la producción agropecuaria -aún con las modificaciones realizadas al proyecto original- y la no reducción de ingresos brutos en el agregado de valor de las cadenas productivas) así como la viabilidad judicial (fallos de la Corte Suprema) y sociopolítica en el nuevo cálculo de las actualizaciones jubilatorias (en particular para los montos superiores a la mínima). Sobre medidas del primer mes, entre otras, se puede ver esta nota y este video.