La política energética de un país serio, idealmente debería ser consensuada entre las principales fuerzas políticas teniendo en cuenta su enorme gravitación para el desarrollo y la sustentabilidad económica y ambiental en el largo plazo. Además debería tener en cuenta cuál es el adecuado rol del Estado, el hecho de que se necesitan grandes inversiones que lo exceden (y en consecuencia debe incluirse al capital y la tecnología disponible internacionalmente) y que ella no se puede estar cambiando por conveniencias políticas de corto plazo por los distintos gobiernos.
Lamentablemente no ha sido el caso de la Argentina, donde se ha ido oscilando desde la sola intervención del estado, luego la apertura al capital extranjero, posteriormente un cuestionamiento a este, la privatización de la empresa estatal (YPF) y luego su estatización, entre los principales vaivenes extremos de enfoque y de políticas. Esto último (la estatización) mal hecha desde el punto de vista formal y que dio origen a un juicio en la corte de Nueva York donde, en primera instancia, surge que la Argentina deberá pagar U$S 16.000 millones.
En esta nota se explican sus principales características, y al final se señala que «según el estatuto de la compañía, si la Argentina (o cualquier accionista) intentaba tomar el parte del control de la empresa, debía hacer el mismo ofrecimiento a todos los demás accionistas, mediante una oferta pública de adquisición. El país no siguió ese protocolo. Por el contrario, tomó el control de las acciones de Repsol y se quedó con la participación mayoritaria de la empresa. Ese fue el motivo que inició el juicio que todavía sigue en curso y por el que YPF, como compañía, fue exonerada. Con el tiempo, la familia Eskenazi le vendió el juicio a fondo Burford, que ahora litiga contra el país.» También se aborda en esta nota.
En este video se dan más detalles, y en esta nota humorística (o para llorar…) se plantean dudas acerca de si fue solo mala praxis o hubo una intencionalidad económica vinculada a la corrupción.
También está la posibilidad de que esto se haya generado por un enfoque ideológico muy pernicioso. Para ilustrar esto de manera general, el historiador Luis Alberto Romero relató que hace unos cuantos años atrás, en una reunión pública realizada en la Cámara de Diputados, el intelectual Ricardo Foster (que había sido su alumno) expresó que “las leyes estaban para violarlas”. Era una versión más brutal de lo que pensaba Kicillof, quien tuvo la fatal expresión que dio lugar y fundamento al fallo de la jueza Preska del tribunal de Nueva York . También se puede aducir una tremenda ignorancia sobre las implicancias que tiene para una empresa que hace 30 años cotiza en la bolsa de Nueva York, no cumplir con lo que fija su propio Estatuto.
El resultado final, probablemente, sea el agravamiento de la deuda externa argentina por parte de quienes critican el endeudamiento, no se hacen responsables de sus acciones y nos llevan a una Argentina peor.
